Instituciones secuestradas: entre la defensa y la responsabilidad moral

Por Koly Bader-FSN-Tucumán

Las instituciones no son abstracciones intactas ni edificios inmunes al tiempo. Están hechas de normas, procedimientos y tradiciones, pero también —y sobre todo— de las personas que las integran. Cuando quienes ejercen autoridad sustituyen el deber público por otros intereses, el daño no se limita a un acto irregular: se erosiona la confianza que permite a la sociedad reconocer esas instituciones como legítimas.

La corrupción institucional produce un doble efecto. Primero, vuelve arbitrarias las decisiones: la ley deja de ser una regla común y se convierte en una herramienta selectiva, severa con algunos y flexible con otros. Segundo, degrada el lenguaje moral de la comunidad. Si el abuso se presenta como normalidad, la obediencia se confunde con lealtad, el silencio con prudencia y la denuncia con traición. Así, la institución conserva su nombre y sus símbolos, pero alberga, como las tumbas, un cuerpo corrupto.

Defender una institución no puede significar proteger a quienes la administran fraudulentamente. La institución debe distinguirse de sus ocupantes circunstanciales. Cuando estos la han secuestrado para garantizar impunidad, preservar privilegios o perseguir adversarios, defenderla exige denunciarla, desobedecerla y combatirla. Si, por añadidura, se trata del sistema judicial y sus miembros, estamos ante la destrucción de la última frontera frente a la violencia política

Por eso, existe una diferencia moral decisiva entre sostener la continuidad institucional y encubrir su captura. La primera impide que el remedio destruya aquello que pretende salvar; el segundo perpetúa el daño bajo la excusa de evitar una crisis. La defensa de las instituciones, en estos casos, esconde una clara adhesión a su función contaminada de podredumbre. Es inmoral.

Las instituciones merecen defensa cuando sirven al bien público; cuando son capturadas, merecen solamente la condena.

En Argentina asistimos a una degradación inédita del Poder Ejecutivo, una complicidad inocultable del Poder legislativo y un Poder judicial que le da validación con apariencia legal pero claramente ilegitima.

Si ya no quedan instancias para el ciudadano en el ejercicio de sus derechos tampoco queda legitimidad en la exigencia de sus deberes.  Es cuando los pueblos construyen otros mecanismos que, al principio, son resistencia y se transforman paulatinamente en la subversión al desorden institucional. Esa es su responsabilidad moral.