En Rosario y el sur santafesino, la violencia asociada al narcotráfico combina balaceras, amenazas, disputas por puntos de venta y causas de lavado de activos. Las últimas novedades de septiembre de 2026 muestran dos planos simultáneos: por un lado, operativos contra bandas de microtráfico y amenazas; por otro, investigaciones federales sobre estructuras financieras y portuarias presuntamente utilizadas para blanquear dinero narco.

Lavado narco y Puerto de Rosario

Una línea central de investigación apunta al presunto lavado de activos vinculado a la concesión de la Terminal Puerto Rosario. Fiscales federales investigan operaciones realizadas durante más de una década, con foco en maniobras financieras, transferencias de acciones y circuitos de dinero que habrían dado apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico y de hechos de corrupción.

Entre los nombres mencionados en la causa aparecen Gustavo Shanahan, ex titular de la Terminal Puerto Rosario, integrantes de su familia y Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de Cataluña. Según publicaciones recientes, Shanahan fue indagado en septiembre de 2026 y parte de su entorno familiar quedó bajo medidas judiciales mientras avanza la pesquisa.

La hipótesis fiscal incluye el uso de operaciones comerciales, financieras, inmobiliarias y hasta movimientos en salas VIP del Casino City Center de Rosario para blanquear fondos. El caso refuerza una lectura más amplia: la economía narco no se sostiene solo con violencia barrial, sino también con infraestructura logística, contactos empresariales y mecanismos sofisticados de circulación de dinero.

El 16 de septiembre, un megaoperativo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez derivó en 54 allanamientos, 14 detenidos y el secuestro de 14 armas de fuego, vehículos, drogas y dinero en pesos y dólares. La intervención estuvo vinculada a investigaciones por amenazas, microtráfico y hechos de violencia de alta lesividad. Las autoridades señalaron que parte de los sospechosos integraría desprendimientos de facciones de Los Monos, la organización de Alvarado y la llamada banda de los menores.

Otra novedad relevante fue la desarticulación de una banda que operaba entre San Nicolás y Rosario. El procedimiento, informado el 12 de septiembre, dejó seis detenidos y permitió secuestrar cocaína, marihuana, armas, dinero, vehículos y un hidroavión experimental que habría sido utilizado dentro de una red logística para trasladar o acopiar estupefacientes.

En paralelo, la causa contra Gustavo Shanahan sumó indagatorias, allanamientos y medidas sobre bienes y dispositivos informáticos. Las publicaciones más recientes describen una presunta ingeniería financiera, bancaria e inmobiliaria para lavar fondos vinculados con organizaciones narco y con operaciones de corrupción. Esto mantiene al Puerto de Rosario como una pieza clave para entender la conexión entre narcotráfico, comercio exterior y dinero ilegal.

Uno de los hechos más graves ocurrió el lunes 17 de agosto en la zona oeste de Rosario, cerca del complejo penitenciario. Según informó El Litoral, una balacera dejó como saldo a Valentín Ezequiel Díaz, de 24 años, asesinado, y a Eric Z., de 26, internado en grave estado. La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Riccardo, mientras los primeros testimonios indicaron que los atacantes habrían sido tres personas que llegaron y escaparon caminando.

Días antes, Aire de Santa Fe había consignado una nueva seguidilla de balaceras en distintos puntos de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. En esa jornada, cuatro ataques armados dejaron un muerto y varios heridos, con el episodio más grave en Bulevar Seguí y Solís, donde un joven de 22 años fue asesinado mientras caminaba con su pareja.

Amenazas, ataques incendiarios y mensajes mafiosos

La violencia también se expresó en amenazas y ataques contra domicilios. El portal Épica Rosario informó el 8 de julio sobre una jornada que incluyó balaceras contra viviendas, notas intimidatorias, exigencias extorsivas y un ataque con bomba molotov contra la casa de Rocío Barrionuevo, pareja del narco condenado Franco “Milanesa” Almaraz. En otra escena, en el ingreso de la Unidad Penitenciaria N.º 16, fueron halladas dos balas junto a una nota intimidatoria.

Ese tipo de episodios confirma una modalidad persistente: disparos o fuego contra viviendas, mensajes escritos y amenazas dirigidas no solo a integrantes de bandas, sino también a sus entornos familiares o a vecinos que quedan atrapados en la disputa. En Rosario, la intimidación pública continúa siendo una herramienta de disciplinamiento barrial y de presión sobre personas señaladas como parte de circuitos de venta de drogas.

El caso Máximo Jerez y la lectura judicial del conflicto narco

En agosto, la Justicia de Rosario dictó prisión perpetua para cuatro acusados por el ataque narco que mató a Máximo Jerez, el niño de 11 años asesinado en marzo de 2023 en barrio Los Pumitas. Infobae, con información atribuida a La Capital, señaló que el tribunal consideró probado que el hecho no fue fortuito, sino parte de una disputa territorial entre grupos dedicados a la venta de estupefacientes. La sentencia volvió a poner en primer plano el impacto de la violencia narco sobre niños, familias y vecinos ajenos a las organizaciones criminales.

Un mapa criminal en reconfiguración

Las crónicas recientes sugieren que la violencia ya no responde únicamente a grandes estructuras reconocibles, sino también a desprendimientos, liderazgos emergentes y disputas por puntos de venta. Rosario3 mantiene en su portada policial una sucesión de hechos como balaceras, hallazgos de personas baleadas y operativos contra redes criminales, mientras otros medios santafesinos describen un escenario donde la baja de homicidios convive con una persistencia de ataques armados y amenazas.

Puertos privados y economía narco

La discusión sobre la violencia narco en Rosario también incluye una dimensión económica y logística: el rol de los puertos privados del Gran Rosario y la Vía fluvial Paraná-Paraguay. El portal de noticias Aire de Santa Fe advirtió que la región ocupa un lugar estratégico por su salida al océano y por la concentración de más de 30 terminales privadas en una franja de unos 80 kilómetros, lo que convierte al corredor portuario en una plataforma sensible para el tráfico internacional de drogas.

En esa línea, las investigaciones recientes ya no miran solo los puntos de venta barriales o los grupos que ejecutan balaceras, sino también las posibles rutas del dinero. En abril, una investigación difundida por Rosario3 y retomada por Infobae señaló procedimientos de la PSA sobre una inmobiliaria y un sindicato en Rosario, en el marco de una causa por lavado vinculada a una organización sospechada de importar grandes cargamentos de cocaína. El foco judicial estuvo puesto en transacciones, documentación y activos que podrían haber servido para legitimar ganancias provenientes del tráfico mayorista.

Ese plano ayuda a entender por qué Rosario aparece al mismo tiempo como territorio de disputa callejera y como nodo logístico de escala regional. Mientras las bandas menores compiten por barrios y puntos de narcomenudeo, otras estructuras buscan insertarse en circuitos más amplios: transporte fluvial, comercio exterior, inmobiliarias, sociedades comerciales, billeteras virtuales y redes de lavado. La violencia visible —homicidios, amenazas y balaceras— funciona entonces como la cara más expuesta de una economía criminal que también necesita infraestructura, contactos, cobertura financiera y capacidad para mover mercancías sin llamar la atención.

El patrón reciente muestra una violencia menos homogénea que en los años más críticos, pero todavía activa. La presión policial y judicial parece haber modificado algunas formas de operación, aunque no eliminó la capacidad de reorganización de los grupos. Las últimas novedades agregan un dato clave: junto a las balaceras y amenazas barriales, Rosario sigue apareciendo como un nodo donde se cruzan microtráfico, logística regional, puertos, finanzas clandestinas y lavado de activos.