Compilación: Koly Bader-FSN-Tucumán

La iniciativa impulsada por Donald Trump y ejecutada por Marco Rubio convoca a decenas de países bajo una consigna tan grave como ambigua: combatir el “terrorismo político de extrema izquierda”. Sin tratado público ni compromisos jurídicos claros, la operación abre una pregunta inquietante para América Latina: ¿seguridad internacional o reedición, bajo lenguaje contemporáneo, de una lógica de coordinación represiva continental?

Washington presentó la reunión ministerial sobre el “resurgimiento del terrorismo político” como un esfuerzo para expandir la coordinación, mejorar el intercambio de información y fortalecer mecanismos internacionales de aplicación de la ley. Según el Departamento de Estado, participaron delegaciones de 66 países convocadas para enfrentar lo que define como una amenaza transnacional de “terrorismo de extrema izquierda”. En los hechos, sin embargo, el eje político del encuentro no fue la violencia política en general, sino una categoría ideológica delimitada desde la Casa Blanca: anarquistas, antifascistas, anticapitalistas, marxistas y organizaciones que, bajo criterios todavía imprecisos, puedan ser encuadradas como parte de una red internacional hostil a los intereses estadounidenses. A hoy estos son los países que manifestaron su pertenencia: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Jamaica y Guatemala.

La comparación con la Operación Cóndor no debe usarse livianamente: aquella coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur implicó secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Pero precisamente por esa memoria histórica, cualquier arquitectura regional o global que habilite intercambio de inteligencia, seguimiento transfronterizo, listas de sospechosos, restricciones migratorias y sanciones financieras contra enemigos políticos definidos de forma difusa merece ser observada con alarma democrática.

El problema central es la ambigüedad. Las autoridades estadounidenses hablan de “terrorismo”, “redes transnacionales”, “propaganda”, “financiamiento” y “entrenamiento”, pero el contorno de los sujetos perseguidos aparece cargado de lenguaje político antes que jurídico. No se trata solo de identificar delitos concretos —atentados, sabotajes, amenazas, financiamiento de violencia— sino de construir una categoría ideológica global donde podrían quedar mezclados grupos violentos, movimientos de protesta, organizaciones sociales, sindicatos combativos, colectivos antifascistas, agrupaciones estudiantiles, partidos radicales o activistas antiimperialistas.

En América Latina, donde la historia de la “seguridad nacional” sirvió para perseguir opositores, sindicalistas, campesinos, militantes estudiantiles, sacerdotes tercermundistas y defensores de derechos humanos, la advertencia no es retórica sino histórica.

Las medidas mencionadas por Washington combinan restricciones de visas, designaciones de organizaciones como terroristas, recompensas por información sobre financiamiento, cooperación policial, intercambio de inteligencia y seguimiento de redes transnacionales. También se habló de investigar estructuras sin fines de lucro o exentas de impuestos que, según el gobierno estadounidense, podrían canalizar apoyo a grupos violentos. Presentado así, el paquete parece un menú clásico de contraterrorismo; aplicado a una categoría ideológica borrosa, puede convertirse en una herramienta de disciplinamiento político.

Argentina figura entre los países presentes en la convocatoria. Hasta ahora no aparece publicado un acuerdo separado nuevo, firmado específicamente en el marco de esta iniciativa contra la “extrema izquierda”. Lo que sí existe es un antecedente relevante: el paquete de acuerdos de cooperación firmados con Estados Unidos en marzo de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri y en el contexto de la visita de Barack Obama.

Los acuerdos firmados por Argentina en 2016

El 23 de marzo de 2016, Argentina y Estados Unidos firmaron en la Cancillería una serie de instrumentos bilaterales. Entre ellos se destacan: el Acuerdo sobre incremento de la cooperación para prevenir y combatir el crimen grave; una Declaración Conjunta sobre cooperación en materia de seguridad y facilitación de desplazamientos; un acuerdo sobre emplazamiento de oficiales de seguridad a bordo en vuelos aerocomerciales; un Acuerdo Marco en materia de comercio e inversión; y un memorándum de entendimiento entre la Unidad de Información Financiera argentina y FinCEN para prevenir el lavado de dinero.

El instrumento más sensible para este debate es el acuerdo de cooperación para prevenir y combatir el crimen grave. Su texto oficial lo presenta como un acuerdo de cooperación en materia de aplicación de la ley, firmado entre el Ministerio de Seguridad argentino y los departamentos estadounidenses de Justicia y Seguridad Nacional. Entró en vigor el mismo día de su firma, con excepción de los artículos 8 a 10, sujetos a condiciones posteriores.

Sus obligaciones principales apuntan a incrementar la cooperación contra el crimen grave, especialmente el terrorismo; intercambiar y comparar datos dactiloscópicos mediante sistemas automatizados de consulta; prever eventualmente el uso de perfiles de ADN; proteger la privacidad y los datos transmitidos; y facilitar mecanismos de cooperación interinstitucional entre agencias de seguridad. En términos formales, no menciona una persecución ideológica ni una obligación de actuar contra organizaciones de izquierda. Pero sí crea infraestructura jurídica y técnica para el intercambio de información sensible entre aparatos estatales de seguridad.

Otros acuerdos similares en América Latina

El caso argentino no aparece aislado. En América Latina existe una red de convenios, memorandos, programas de asistencia y mecanismos de cooperación con Estados Unidos orientados a combatir crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, migración irregular y amenazas transnacionales. No todos tienen la misma jerarquía jurídica ni el mismo grado de publicidad: algunos son tratados o acuerdos publicados; otros funcionan como memorandos, cartas de intención, programas técnicos o cooperación operativa entre agencias. La comparación sirve para distinguir entre instrumentos formalmente dirigidos contra delitos graves y estructuras que, por su amplitud, pueden convertirse en canales de vigilancia política si se redefine ideológicamente la noción de amenaza.

La conclusión no es que todos esos países hayan firmado una réplica exacta del acuerdo argentino, sino que existe una tendencia regional: Washington promueve una arquitectura de seguridad basada en intercambio de datos, cooperación entre agencias, control migratorio, asistencia militar o policial y definición transnacional de amenazas.

La sombra de una coordinación continental

Hablar de una “nueva Operación Cóndor” no significa afirmar que exista hoy una réplica mecánica de aquel dispositivo criminal. Significa advertir que la combinación de retórica ideológica, cooperación de inteligencia, intercambio de datos, listas de sospechosos, restricciones migratorias y presión diplomática puede recrear condiciones funcionales para perseguir disidencias a escala regional. La novedad no sería necesariamente el método clandestino de los años setenta, sino su actualización bajo formularios legales, bases biométricas, sanciones financieras y narrativas de contraterrorismo.

Es claro que Estados Unidos intenta internacionalizar una definición ideológica de amenaza, y Argentina posee acuerdos previos de cooperación securitaria que podrían servir como soporte operativo si el gobierno decide alinearse activamente con esa agenda. En una región marcada por la memoria de la Doctrina de Seguridad Nacional y la Operación Cóndor, la ambigüedad no tranquiliza: alarma.

Cronología mínima

23 de marzo de 2016. Argentina y Estados Unidos firman en la Cancillería una serie de acuerdos bilaterales en materia de seguridad, comercio, inversión y cooperación contra el lavado de dinero. Entre ellos se incluye el Acuerdo sobre incremento de la cooperación para prevenir y combatir el crimen grave, especialmente el terrorismo.

24 de marzo de 2016. El gobierno argentino informa públicamente que el acuerdo con los departamentos estadounidenses de Justicia y Seguridad Nacional tiene como objetivo combatir el crimen organizado y el terrorismo, e incluye intercambio y comparación de datos dactiloscópicos mediante consultas automatizadas, con mecanismos de privacidad y protección de datos.

Noviembre de 2025. Estados Unidos comienza a designar a grupos señalados como violentos de extrema izquierda como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, según la información difundida luego por el Departamento de Estado.

Mayo de 2026. Washington organiza un primer taller de lucha antiterrorista y aplicación de la ley con 14 países, presentado como antecedente operativo de la coordinación internacional contra el llamado terrorismo transnacional de extrema izquierda.

15 de julio de 2026. El Departamento de Estado anuncia que Marco Rubio recibirá a gobiernos extranjeros en una reunión ministerial sobre el “resurgimiento del terrorismo político”, con foco en la extrema izquierda y en la necesidad de una acción conjunta más firme.

16 de julio de 2026. Se realiza la reunión ministerial en Washington. El Departamento de Estado afirma que participan gobiernos del Hemisferio Occidental, Europa y Asia para ampliar la coordinación, mejorar el intercambio de información y reforzar mecanismos internacionales de aplicación de la ley frente a la amenaza definida por Estados Unidos.

Fuentes consultadas

• Departamento de Estado de EE. UU., “El Departamento de Estado aborda el resurgimiento internacional del terrorismo político de extrema izquierda”.
• Departamento de Estado de EE. UU., “El secretario Rubio celebrará una reunión ministerial para combatir el resurgimiento del terrorismo político”.
• Cancillería argentina, “Argentina y Estados Unidos firmaron acuerdos en la Cancillería”.
• Gobierno argentino, “Cooperación para prevenir y combatir el crimen”.
• Biblioteca Digital de Tratados de la Cancillería argentina, ficha del Acuerdo sobre incremento de la cooperación para prevenir y combatir el crimen grave.
• Texto del Acuerdo entre el Ministerio de Seguridad argentino y los departamentos estadounidenses de Justicia y Seguridad Nacional sobre cooperación para prevenir y combatir el crimen grave.
• Departamento de Estado de EE. UU., ficha TIAS del acuerdo PCSC entre Estados Unidos y Uruguay, firmado en 2024 y vigente desde 2025.
• Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., anuncio del acuerdo BITMAP entre Estados Unidos y Chile, 30 de julio de 2025.
• Biometric Update, información sobre acuerdos biométricos de Estados Unidos con Chile y Ecuador, agosto de 2025.
• Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., hoja informativa en español sobre acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador, 2019.
• Ministerio de Gobernación de Guatemala, convenio de cooperación biométrica entre Guatemala, Honduras y El Salvador, 2024.
• Departamento de Estado de EE. UU., acuerdo de asistencia mutua aduanera entre Estados Unidos y El Salvador, firmado en 2024.
• Cancillería de Perú, acuerdo de interceptación aérea no letal con Estados Unidos, 24 de agosto de 2023.
• Agencia Andina, entrada en vigor del acuerdo de interceptación aérea entre Perú y Estados Unidos, mayo de 2024.
• Departamento de Estado de EE. UU., ceremonia de firma del acuerdo SOFA entre Estados Unidos y Paraguay, 15 de diciembre de 2025.