En Argentina, los conflictos entre comunidades de pueblos originarios, Estados provinciales y nacional, actores privados y sectores extractivos volvieron a ocupar el centro de la agenda pública. Aunque cada disputa tiene una historia particular, muchas comparten un núcleo común: la falta de titulación comunitaria efectiva, la presión inmobiliaria o productiva sobre territorios ancestrales, el avance de proyectos mineros y agroindustriales, y la judicialización de reclamos históricos.

El escenario se agravó tras la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que suspendía desalojos y ordenaba el relevamiento de tierras ocupadas por comunidades indígenas. A ello se suman iniciativas legislativas orientadas a acelerar desalojos por conflictos de propiedad, lo que organizaciones indígenas y de derechos humanos interpretan como un debilitamiento de las garantías constitucionales que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.

Neuquén y la Patagonia: comunidades mapuche bajo amenaza de desalojo

Uno de los focos más visibles se ubica en la zona cordillerana entre Villa La Angostura y Bariloche, donde las comunidades mapuche Kinxikew y Melo enfrentan órdenes y operativos de desalojo sobre tierras que habitan desde hace generaciones. Según organizaciones de derechos humanos, el propio Estado reconoció la ocupación tradicional de parte de esos territorios, pero no avanzó en la entrega de títulos comunitarios. Esa brecha entre reconocimiento administrativo y propiedad efectiva dejó a las comunidades expuestas a reclamos judiciales de particulares.

En la Patagonia, el conflicto no es únicamente jurídico. También involucra memoria histórica, formas de vida comunitaria, acceso a recursos naturales y una disputa simbólica sobre qué se considera posesión legítima de la tierra. Las comunidades sostienen que su presencia antecede a la conformación de los Estados provinciales y a la expansión del mercado turístico e inmobiliario en la región.

Jujuy: litio, reforma provincial y comunidades de la Puna

En Jujuy, la conflictividad reciente se concentra en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, compartida con Salta, donde comunidades kollas y atacamas sostienen desde 2019 una acción de amparo junto a FARN por el avance de proyectos de litio y borato sin consulta previa, libre e informada ni evaluaciones ambientales acumulativas a escala de cuenca. En octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió competencia originaria en el caso, al considerar que se trata de un sistema hídrico interjurisdiccional. En julio de 2026, comunidades de la Red Atacama de Salta se incorporaron al proceso y el CELS se presentó como amicus curiae, reforzando el planteo sobre ambiente sano, agua y autodeterminación indígena.

La disputa jujeña también se expresa en episodios de avance territorial denunciados por medios locales. En abril de 2026, comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc denunciaron investigaciones ambientales y movimientos empresariales en Santa Ana y Tusaquillas sin información adecuada ni aplicación del protocolo comunitario de consulta vigente desde 2014. Referentes de El Moreno advirtieron que los impactos sobre el agua de la cuenca no se limitan a la Puna, porque los cursos vinculados a la Cordillera del Chañi abastecen zonas más amplias de la provincia. A esto se suma el trasfondo político de la reforma constitucional de 2023, que dejó un saldo de protestas, represión, detenciones y un debate aún abierto sobre criminalización de la protesta indígena y ambiental.

Salta: desalojos, agronegocio, megaminería y disputa por tierras comunitarias

En Salta, los conflictos recientes se agravaron en 2026 con el desalojo de la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas, en Cachi. El 12 de junio, un operativo judicial y policial ejecutó una orden en el paraje San Gabriel, dentro de un litigio iniciado en 2010 por particulares ligados a la familia Wayar. La comunidad denunció que la medida, originalmente vinculada a una superficie limitada, terminó afectando a más familias y hectáreas de las previstas, con destrucción de viviendas, cultivos, corrales y medios de subsistencia. Medios salteños y organizaciones comunitarias señalaron que la reactivación del expediente se produjo en un nuevo contexto de desprotección tras la derogación de la Ley 26.160.

Otro foco salteño es Finca Las Costas, en San Lorenzo, donde la Comunidad Lule rechaza la Ley 8.543, que autorizó entregar en comodato por 25 años casi nueve hectáreas al Tigres Rugby Club. La comunidad sostiene que se trata de territorio ancestral reconocido por relevamientos vinculados a la Ley 26.160 y por antecedentes administrativos del INAI, y denuncia que la cesión avanzó sin consulta previa, libre e informada. Las coberturas locales describen protestas, rondas de consulta legislativa cuestionadas y la decisión comunitaria de acudir a la Justicia para pedir la suspensión o nulidad de la norma.

En el Chaco salteño, comunidades wichí del departamento San Martín denunciaron durante 2026 desmontes y avance de topadoras en territorios ancestrales. Organizaciones como Greenpeace y ASOCIANA reclamaron al gobierno provincial frenar tareas en Finca Alcoba, vinculada a Desdelsur S.A.; Finca Tonono, donde se denunció afectación a la Comunidad Pozo Nuevo y a su cementerio; y zonas de la cuenca del río Itiyuro. Los informes citan más de 11.000 hectáreas desmontadas en la primera mitad de 2026 y advierten que el nuevo ordenamiento territorial de bosques habilitó una superficie mucho mayor para cambios de uso del suelo, con impacto directo sobre agua, alimentos, plantas medicinales y circulación comunitaria.

Formosa y el Gran Chaco: reclamos históricos de pueblos qom, wichí, pilagá y nivaclé

En Formosa y otras provincias chaqueñas, los conflictos con pueblos qom, wichí, pilagá y nivaclé tienen una dimensión estructural: acceso desigual a tierras, agua potable, salud, educación intercultural y justicia. A diferencia de los casos más mediáticos vinculados a desalojos puntuales, aquí el conflicto suele expresarse como persistencia de condiciones de exclusión, disputas por territorios comunitarios y tensiones con modelos productivos que transforman el monte nativo.

El avance del desmonte, la ganadería extensiva y obras de infraestructura mal consultadas pueden afectar directamente la vida comunitaria. Para muchas comunidades, el territorio no es solo un recurso económico: es la base de la alimentación, la medicina tradicional, la espiritualidad, la lengua y las formas de organización colectiva.

Misiones: tierra, conservación y comunidades mbya guaraní

En Misiones, comunidades mbya guaraní sostienen reclamos territoriales en un contexto atravesado por áreas protegidas, expansión urbana, turismo, rutas, forestación y propiedad privada. La disputa suele girar en torno al reconocimiento de territorios tradicionales, el acceso al monte y la posibilidad de mantener prácticas culturales en zonas cada vez más fragmentadas por actividades económicas y políticas de conservación que no siempre incorporan la voz indígena.

Los conflictos recientes muestran una tensión frecuente: cuando el Estado protege áreas naturales sin reconocer adecuadamente a quienes las habitan históricamente, la conservación puede transformarse en una nueva forma de restricción territorial. Las comunidades reclaman participación real en las decisiones sobre bosques, caminos, escuelas, salud y uso de recursos.

Río Negro, Chubut y Mendoza: criminalización, memoria histórica y defensa del territorio

En Río Negro y Chubut, comunidades mapuche y mapuche-tehuelche denuncian desde hace años desalojos, allanamientos, vigilancia y discursos públicos que las presentan como amenaza. Los conflictos por tierras en zonas cordilleranas se cruzan con intereses turísticos, forestales, energéticos e inmobiliarios. En Mendoza, comunidades huarpes y de otros pueblos reclaman reconocimiento territorial, acceso al agua y participación en decisiones sobre actividades extractivas y uso del suelo.

Los factores comunes detrás de los conflictos

• La falta de títulos de propiedad comunitaria, aun cuando existan relevamientos o reconocimientos administrativos.
• La superposición entre derechos indígenas, títulos privados y proyectos productivos o extractivos.
• La ausencia o debilidad de la consulta previa, libre e informada.
• La judicialización de conflictos históricos bajo figuras como usurpación o propiedad privada.
• El impacto ambiental de minería, desmontes, agronegocio, turismo y urbanización.
• La criminalización de la protesta y el uso de fuerzas de seguridad en disputas territoriales.

Catamarca y Tucumán: litio, minería, desalojos y pueblos diaguitas

En Catamarca, la disputa más documentada en medios locales se concentra en el Salar del Hombre Muerto y la cuenca del río Los Patos, en Antofagasta de la Sierra. La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, representada por su cacique Román Elías Guitián, impulsó un amparo ambiental contra autorizaciones mineras vinculadas al litio. En marzo de 2024, la Corte de Justicia de Catamarca ordenó realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral y suspendió nuevos permisos sobre el Río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto hasta cumplir esa condición. En 2026, luego de que la provincia presentara un estudio, la Corte provincial levantó la cautelar y habilitó retomar permisos; la comunidad apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que la decisión se basó en información técnica insuficiente y sin consulta efectiva.

El segundo foco catamarqueño actualizado es Peñas Negras, en el norte del departamento Belén. Medios provinciales informaron en septiembre de 2026 que la Comunidad Indígena de Peñas Negras, del pueblo Diaguita, denunció encontrarse “sitiada” por presencia policial y personal vinculado a proyectos mineros. El conflicto se relaciona con los proyectos Aguas Calientes I, II y III y con empresas como Elevado Gold S.A.; la comunidad sostiene que no otorgó consentimiento para tareas de prospección en su territorio ancestral. Las coberturas también recuerdan un antecedente de abril de 2024, cuando un operativo policial para permitir el ingreso de personal minero terminó con comuneros heridos, entre ellos Félix Escalante, de 83 años, según denuncias comunitarias.

En Tucumán, las búsquedas recientes confirman que el eje más citado por medios y agencias especializadas es la situación de las comunidades nucleadas en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. Las publicaciones de 2025 describen una “nueva oleada” de desalojos, persecuciones judiciales y violencias territoriales, con testimonios desde San Pedro de Colalao y Tafí del Valle. También señalan como punto crítico el decreto provincial de “autotutela de los bienes públicos”, atribuido al gobierno de Osvaldo Jaldo, que habilitaría intervenciones administrativas frente a supuestas usurpaciones sin intervención judicial previa suficiente, según denuncian las comunidades y organizaciones acompañantes.

Catamarca aparece como uno de los puntos más dinámicos del mapa nacional: allí confluyen litigios ambientales por litio, disputa por el agua, cuestionamientos a estudios técnicos, recursos ante tribunales superiores y conflictos territoriales con presencia policial. Tucumán, en cambio, muestra un patrón centrado en desalojos, presión sobre territorios diaguitas y mecanismos estatales administrativos que las comunidades consideran facilitadores del despojo. En ambos casos, los reclamos remiten al mismo problema de fondo: la distancia entre el reconocimiento formal de derechos indígenas y su garantía efectiva en el territorio.

Un conflicto nacional con respuestas fragmentadas

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y ordena garantizar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Sin embargo, la implementación concreta depende de decisiones administrativas, judiciales y políticas que suelen avanzar lentamente o en sentidos contradictorios. Esa distancia entre norma y práctica explica por qué muchos conflictos permanecen abiertos durante décadas.

El mapa actual muestra que no se trata de episodios aislados. Desde la Puna jujeña hasta la Patagonia, desde el Gran Chaco hasta la selva misionera, las comunidades indígenas reclaman algo más que parcelas de tierra: exigen condiciones para seguir existiendo como pueblos. La resolución de estos conflictos requiere seguridad jurídica comunitaria, consulta efectiva, reparación histórica y políticas públicas que reconozcan que el territorio es, para los pueblos originarios, una dimensión central de su identidad, su economía, su memoria y su futuro.