Leyes para el saqueo de tierras- CONICET

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El Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA presentó en las últimas semanas un mapa interactivo que sistematiza por primera vez información oficial sobre la extranjerización del suelo argentino. El relevamiento llega en un momento clave: mientras el sur del país enfrenta incendios devastadores, el gobierno nacional avanza con su plan de eliminar las protecciones que limitan la venta de territorio a capitales extranjeros.

En medio de los incendios que devastan la Patagonia y mientras el gobierno de Javier Milei insiste con la derogación de la Ley de Tierras, un mapa interactivo elaborado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires pone números y geografía precisa a un proceso que amenaza la soberanía nacional: la extranjerización del territorio argentino.

El Observatorio de Tierras, creado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin —ambos becarios del CONICET e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA)— presenta datos alarmantes: cerca del 5% del territorio nacional, más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a toda Inglaterra, está en manos de capitales o Estados extranjeros.

Pero las cifras globales esconden una realidad aún más preocupante. El análisis departamento por departamento revela que 36 distritos del país ya superan el límite del 15% de tierras en manos extranjeras que establece la Ley de Tierras.

Peor aún: en cuatro casos —Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta— la extranjerización supera el 50% del territorio.Instituciones gubernamentales

El patrón de la apropiación

“No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa”, alerta Oberlin en diálogo con medios nacionales. “Este gobierno ha demostrado que lo tiene en el tintero desde el día uno, con el DNU 70, y vuelven al ataque ahora”.

Latinos y latinoamericanos

El mapa interactivo, ( Ver aquí  https://elagora.digital/argentina/mapa-extranjerizacion-tierras-conicet/ )  construido a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales con datos actualizados a agosto de 2025, permite visualizar con claridad meridiana qué sectores del país están siendo apropiados por capitales foráneos. Y el patrón es contundente: los puntos rojos se concentran en zonas estratégicas con acceso a recursos hídricos, acuíferos, minerales críticos, litio y tierras raras.

El departamento de Cushamen en Chubut, epicentro de los recientes incendios y donde se encuentra la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, tiene el 23% de su territorio en manos extranjeras. El departamento de Iguazú en Misiones presenta niveles del 40% de extranjerización. Otras localidades sobre el río Paraná —Ituzaingó y Berón de Astrada en Corrientes, y Campana en Buenos Aires— superan ampliamente el 30%.

Instituciones gubernamentales

“Los municipios pintados de rojo son localidades con bienes escasos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierras raras y lugares con conflictos sociales muy grandes”, explica Oberlin. En Malargüe, Mendoza, donde el gobierno provincial impulsa una expansión minera significativa, la extranjerización alcanza el 15%. “Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave”, advierte el investigador.

Estados Unidos a la cabeza del saqueo

El relevamiento identifica con precisión quiénes son los principales propietarios extranjeros de suelo argentino. Estados Unidos encabeza la lista con más de 2,7 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Tucumán. Le siguen Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada del país.

En la zona de Cushamen, uno de los casos más emblemáticos es el del grupo italiano Benetton a través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino. En Río Negro, el magnate británico Joe Lewis controla terrenos estratégicos como Lago Escondido, adquiridos mediante operaciones irregulares en los años noventa.

“Si uno mira en manos de quién están, lo principal es ciudadanos o empresas estadounidenses. Tierras israelíes casi no hay. Estadounidenses, italianos y españoles son mayoría”, explica Oberlin.Referencia general

Otro dato llamativo que emerge del mapa es que los puntos rojos —donde se supera el 15% de extranjerización— son más numerosos en el Norte que en el Sur del país.

“Son tierras de fronteras, que por lo general permiten traficar mercadería de un lado al otro sin pasar por Aduana. Todo eso habría que investigar más a fondo”, propone Oberlin.

La Ley de Tierras: único freno a la entrega

La Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con amplio consenso parlamentario, estableció límites claros: ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera, se prohibió la venta de tierras con cuerpos de agua importantes o en zonas de seguridad fronteriza, y se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales para monitorear la situación.Instituciones gubernamentales

Desde su asunción, el gobierno de Milei ha intentado sistemáticamente demoler esta protección. El DNU 70/2023, anunciado en cadena nacional en diciembre de 2023, incluyó la derogación de la normativa. La medida fue inicialmente frenada por la Justicia tras un amparo del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, pero luego un juez federal le quitó legitimación a la entidad y dejó sin efecto la suspensión.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró inconstitucional la derogación y elevó el caso a la Corte Suprema, donde la medida cautelar continúa vigente. Mientras tanto, el gobierno volvió a la carga: en diciembre de 2025, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que la derogación de la Ley de Tierras forma parte de la agenda del Consejo de Mayo para su tratamiento legislativo.

Negocios sobre tierra arrasada

El contexto en que resurge el debate no es casual. Mientras los incendios devastan el sur del país —y el gobierno difunde teorías sin sustento que responsabilizan a las comunidades mapuches—, el Ejecutivo prepara un paquete de reformas que incluye modificaciones a la Ley de Tierras, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego.

El objetivo: habilitar el cambio de uso productivo en campos incendiados, eliminando las barreras actuales que existen precisamente para desalentar la especulación inmobiliaria y los incendios intencionales.Referencia general

“La derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional”, advierte el informe del Observatorio de Tierras.

“Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas”.

Trump, la doctrina Monroe y el asalto a los recursos

El mapa del Observatorio cobra especial relevancia en el contexto de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos y su explícita intención de avanzar sobre los recursos naturales de América Latina. Trump ha amenazado directamente a Venezuela por su petróleo, a Groenlandia por sus minerales, y ha dejado en claro que ve a la región como territorio de apropiación.Instituciones gubernamentales

“Hay una vinculación casi mecánica entre conflictividad social y acceso a determinados recursos clave, y esto se profundiza más con el corolario Trump de la doctrina Monroe”, señala Oberlin.

En un mundo donde el agua dulce y la energía son los nuevos ejes del conflicto internacional, permitir la expansión extranjera sin límites sobre acuíferos que abastecen a millones de personas o sobre la cordillera con minerales críticos reduce drásticamente la capacidad del Estado argentino de responder a las necesidades de su población de manera soberana.

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