Hacia la mercantilización educativa - 1ra Parte

Fecha de Publicación: 30-11-2025

Por Maria Rita Ciucci-FSN-Santiago del Estero

La llamada “Ley de Libertad Educativa” es el borrador de un proyecto, elaborado por el Ejecutivo Nacional y presentado en las sombras al Consejo de Mayo, en el que están la mayoría de los gobernadores. Filtrado por sectores del propio gobierno, circula por los medios de comunicación y por las redes.

A diferencia de lo que ocurrió con la Ley de Educación vigente, que se sancionó luego de un proceso de participación de amplios sectores de la sociedad en debates plurales y profundos, esta nueva ley, en sintonía con las demás reformas en marcha, sería impuesta siguiendo directivas y exigencias del Fondo y de EEUU.

Resulta aún más grave, que luego de décadas de lucha para conseguir que en una Ley se defina a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público,  se pretenda reemplazarla de manera antidemocrática con otro proyecto que claramente responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado, definiendo a la educación como un servicio y centrándose en los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales colectivos.

Ahora bien, para no caer en la trampa de pensar que las palabras son un significado en sí mismas, cabría pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de EDUCACIÓN, así como cuando hablamos de LIBERTAD.

Leyendo el borrador de este proyecto, podemos hacernos algunas preguntas, a modo de ejemplo:

¿Educación para qué? En principio, para desarrollar capacidades individuales funcionales a la productividad capitalista y a la naturalización y aceptación de condiciones precarias de trabajo y en consecuencia, de vida.

¿Educación para quién?Para quienes puedan costearla. El 66% de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza y un 16% se encuentra en la indigencia; y es un hecho la falta de acceso a alimentos, salud, vivienda y educación.

En este escenario de vulnerabilidad extrema, no es posible plantear que la familia debe ser “el agente natural y primario de formación”, no sólo como responsable de elegir qué tipo de educación, sino también responsable de que niñas y niños accedan a la educación obligatoria (ya no es responsabilidad del Estado).

Se pretende eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo.

Frente al dramático escenario social, resulta necesario reafirmar algo fundamental: la educación es un derecho de cada niño, niña, adolescente y es el Estado el responsable indelegable de garantizarlo e implementarlo

¿Libertad para qué y para quién? Fortalece el control del capital privado sobre el sistema educativo. El financiamiento puede ser directo o indirecto, con desgravaciones impositivas, un artículo a la medida de las empresas para seguir logrando mayores ganancias. Esta lógica segmenta mucho más a la educación, la deteriora profundizando la desigualdad y la ubica bajo las leyes del mercado, promoviendo que las escuelas compitan entre sí por financiamiento. Con menos cantidad de horas obligatorias, cada institución podrá definir su propio calendario. Este formato permite desregular por completo el calendario educativo.

Promueve y permite la instancia de la educación en el hogar a cargo de la familia, como también la figura de formación híbrida, en donde se deberá trabajar de forma presencial y virtual.

Todo esto se articula con los grandes objetivos del proyecto de reforma laboral.

Profundizaremos este último aspecto en una próxima nota