Se institucionaliza el aparato represivo en la Argentina

Por Koly Bader-FSN-Tucumán

El circulo de la represión a opositores políticos, ciudadanos críticos y organizaciones de todo tipo se cierra completamente con las recientes resoluciones del Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza.

Se trata de la resolución 828 que establece el “Protocolo para actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales” ( https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/328352/20250715). Esto incluye a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal.

En 2016, mientras Bullrich también ocupaba el Ministerio de Seguridad, se aprobó la ley 27.319 para la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos. Esta norma regula el funcionamiento de los agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, entre otras. Según esta ley, un agente encubierto es “todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba para la investigación, con organización judicial”.

También la Resolución 829 publicada simultáneamente establece la creación del CONSEJO ACADEMICO PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE AGENTES ENCUBIERTOS que actuará bajo la órbita de la misma Unidad Especial.

Este consejo, según la resolución, será integrado por “miembros con especializaciones y enfoques profesionales y académicos diversos, capaces de enriquecer el proceso de formación y capacitación de los agentes encubiertos”.

También establece que sea integrado por “magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. ( https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/328353/20250715 )

Junto a las recientes disposiciones sobre la policía federal y la SIDE que describimos en nuestra nota “La larga historia del Mossad en Argentina, las instrucciones para la SIDE, la PF y los viajes de Milei” (https://www.futurosoberano.org/noticia.php?noticia=197 ), se trata de la institucionalización de lo que ya vienen haciendo las fuerzas de seguridad. La diferencia es que ahora tiene respaldo legal el espionaje interno disimulado bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado.

Sabemos que no es nuevo en la Argentina. Todos recordamos aquella oportunidad en que el ex vice presidente Carlos “Chacho” Álvarez fue grabado con su propio celular en una conversación en un bar de CABA. En aquella oportunidad se trataba de la aplicación de un software proveniente de EEUU llamado Trapwire que también utiliza las cámaras de seguridad públicas que vemos cada vez más en las ciudades. Lo describimos en nuestra nota “Sonría, la CIA lo está observando” ( https://www.futurosoberano.org/noticia.php?noticia=46 ).

Hoy, y desde hace más de 10 años, el gobierno dispone del programa “Pegasus” de la empresa israelí NSO Group. Pegasus es un spyware que, una vez instalado en el teléfono, es capaz de activar el micrófono y la cámara del terminal desde un panel de control remoto. Además, hace las veces de geolocalizador lo que le permite conocer con exactitud dónde se encuentra el propietario.

Una de las estrategias más habituales de Pegasus para acceder a un terminal es por medio de las llamadas de Whatsapp. Estas no quedan registradas en el historial y son borradas de forma inmediata.

El nivel de sofisticación de Pegasus le permite autodestruirse si en un tiempo determinado no ha conseguido su objetivo o si tiene el presentimiento que se ha instalado en el dispositivo equivocado, evitando así, que quede algún rastro de él.

La versión 1.0 de este spyware necesitaba de una acción de la víctima para activarse. Hoy, la versión 3.0 ni siquiera necesita de una acción de la víctima. Esta versión fue comprada en 2017 por la propia Patricia Bullrich. Recordemos que la exdiputada y luego ministra de Seguridad tiene una estrecha relación con la Mossad y con el gobierno de Israel a través de su esposo Guillermo Yanco, que es socio de Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí y eslabón clave para la compra de material militar a ese país.

Durante la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu a la Argentina, el 11 de septiembre de 2017, en la misma comitiva vinieron los CEOs de NSO a negociar directamente con Patricia Bullrich la adquisición del software en su versión renovada. Se firmaron convenios cuya documental apareció en los archivos de la AFI.  Se "Encontraron facturas de compras del software y otra documentación, pero en la AFI no hay nada", detallaba el periodista Walter Goobar.

Como se ve claramente estas son las herramientas con que contarán los “infiltrados” tanto desde el lado institucional como del técnico. Las ultimas resoluciones comprueban la imbricada relación entre el “partido judicial” y los organismos de inteligencia. Una simbiosis destinada a cerrar el círculo sobre todo sector u organización que comprometa los planes del ala política de los grupos de poder real.

La destrucción del Estado en curso incluye la supresión de las libertades civiles y en ello los especialistas son los agentes israelíes del Mossad cuya presencia en Argentina está suficientemente probada. No es un despropósito considerar que será la israelita SIA ( Security and Intelligence Addvising ) la “empresa” contratada como instructores de los nuevos infiltrados, al menos en algunos métodos de los que son reconocidos líderes mundiales.